El Idioma: Identidad, comunicación y voz de las minorías

Por Orlando Merino Recinos

Octubre 17, 2009 04:34 am

Septiembre, noveno mes del calendario, cobra una connotación poco conocida para muchos de nosotros, latinoamericanos. Dichosa coincidencia es que América Central celebre como una sola nación, la fecha de su independencia el 15 de septiembre; México, el día 16; y Brasil lo haga el día 7.

Hablar del mes patrio es referirnos a las gestas libertarias, declaraciones y compromisos asumidos por personajes emblemáticos que marcaron el destino de naciones, con miras a su autodeterminación y al mantenimiento de su patrimonio cultural e histórico. Tal es así que llegamos a una concepción primigenia de nación que, fuera de todo contexto topográfico, se construye y reconvierte constantemente, proponiendo diversas maneras de entender el significado de nuestra identidad.

Sin lugar a dudas, el IDIOMA es el elemento más distintivo de una nación, el patrimonio lexical de una comunidad humana, transmitido de generación en generación por la tradición oral, o bien perpetuado mediante códigos escritos, testimonia la voluntad colectiva de unidad teleológica, familiar, cultural y política, forma un reflejo de la nación y los miembros que la componen, incluso incide en aquellos que no pertenecen a ella.

América Latina puede ser considerada un escenario donde convergen naciones con intereses comunes, por su proyección territorial, afinidad histórica y cultural.  El reconocimiento de espacios a las naciones y su derecho de existir y desarrollarse, hallan cabida en el ámbito de los Derechos de Tercera Generación o Derechos de Los Pueblos, presentes en diversos instrumentos internacionales. Tales derechos son: Derecho a la autodeterminación, Derecho a la independencia económica y política, Derecho a la identidad nacional y cultural, Derecho a la paz, Derecho a la coexistencia pacífica, Derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna.

La crisis de estos derechos radica en que son objeto de tratados-marco, incapaces de alcanzar en forma directa y efectiva a los integrantes del conglomerado nacional, de brindar soluciones a los problemas que enfrenta el mismo, sobre todo, si en proporción a la población total de un país, dicha nación es considerada una minoría confinada dentro de fronteras políticas o dividida por éstas.

Tal es el caso de las comunidades indígenas que aún existen en Latinoamérica, las cuales han sufrido en silencio su exterminio, en primera instancia, merced del yugo español de los siglos XV al XIX, y tras la independencia, con el gradual desmantelamiento de sus estructuras organizativas, expropiaciones y el desprecio hacia su linaje, lengua y cultura.

Es muy importante que cada uno de los países que integran América Latina tome conciencia que la médula de su pobreza radica en el tema de desigualdad de género, de clases económicas, etnias o naciones, etc. por la falta de solidaridad social, y por qué no decirlo, por la carencia de voluntad e ingenio, colectivo o individual, para impactar positivamente en las comunidades menos favorecidas y las minorías, incluso con iniciativas en pequeña escala.

En el ámbito lingüístico, los derechos de las minorías nacionales son especialmente vulnerables en razón del estatus impuesto tácitamente por la dinámica social de los pueblos, influenciada por la hegemonía lingüística y cultural ejercida por el Poder Estatal. Prueba de ello, lenguas como el náhuatl y otros idiomas amerindios, que si bien protegidos y difundidos, teórica y sistemáticamente, son víctimas de una seudo-democracia que proclama la co-oficialidad de los idiomas con miras a lograr  un presunto Bilingüismo Armónico, uno, dos o más idiomas que coexisten en paridad de condiciones.

Lo anterior da lugar a distintas perspectivas sobre el mismo asunto: El Bilingüismo y el Ecolingüismo. El primero pregona que el conocimiento y utilización de los idiomas subyace en el individuo, quien mientras más sabe, es más competente que los demás. El segundo, privilegia la defensa de la territorialidad lingüística, el derecho de cada nación de desarrollarse culturalmente en su territorio sin intervenciones ajenas y con carácter de vehículo de comunicación social interno.

La experiencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, en España, evidencia que en el terreno de la normalización de un idioma aminorado, las leyes son inspiradas en la premisa que los idiomas son instrumentos de uso social, promoviéndolos en función de las personas que escogen el idioma aminorado, de manera que éste último se enfoca como una alternativa individual, mientras que el español mantiene su estatus de necesidad colectiva. En ese sentido, dicha diferenciación desemboca en el monolingüismo social en español, pero considera razonablemente los derechos individuales de los hablantes del gallego.

La práctica del bilingüismo es tenida por algunos filólogos gallegos como una medida antieconómica, pues el uso de ambos idiomas en documentos oficiales, discursos, exámenes, resoluciones, formularios, etc. en búsqueda de igualdad,  es una utopía que no se cumple y además, se viene desarrollando una complementariedad en la repetición del gallego y el español, conocida como Diglosia, lo cual en el devenir del tiempo, conducirá a la prevalencia funcional, en este caso, del español.

En vista que la realidad gallega es predicable de otros idiomas, se hace necesario que los Estados elaboren estrategias incluyentes y a largo plazo para garantizar la función familiar, laboral, institucional y cultural de estos idiomas, logrando así proteger un legado de conocimiento para las futuras generaciones.