El lío mexicano

Presidente de México, Felipe Calderón

Por Jorge G. Castañeda

Enero 7, 2009 06:58 am

CIUDAD DE MÉXICO – El pasado mes de diciembre el Presidente de México, Felipe Calderón, celebró su segundo aniversario en el cargo. Calderón tomó posesión en diciembre de 2006 en circunstancias adversas. Fue electo con el 35% de los votos, no tenía la mayoría en el Congreso y la oposición se negó a reconocer su victoria. También ha tenido que gobernar en un ambiente persistentemente difícil: un presidente debilitado en Estados Unidos, una grave desaceleración económica y el legado de corrupción, negligencia y complicidad que le dejaron sus predecesores desde 1968, cuando el sistema político mexicano de un solo partido empezó a desmoronarse.

Lo más inmediato para Calderón fue abordar el problema de que su predecesor inmediato no aplicó ninguna de las reformas importantes que México necesitaba. Vicente Fox llegó al poder en 2000 con un amplio mandato, pero, al igual que Calderón, sin mayoría en el Congreso. Resultó incapaz de construir coaliciones legislativas duraderas, lo que condujo a Calderón a decidir que su primer rompimiento con el pasado consistiría en crear alianzas para promulgar las reformas. Pronto, sin embargo, esto se convirtió en un fin en sí mismo y Calderón se mostró hábil para crear coaliciones de corta duración con las que se aprobaron reformas sin trascendencia. Este gradualismo diluido se ha convertido en su sello personal.

Dado lo anterior, no es sorprendente que la lista de dudas sobre la administración de Calderón sea mayor que la de sus logros. Las encuestas reflejan esta ambivalencia. Sigue siendo popular y se le tiene en buena estima a nivel personal, pero el público está cada vez más insatisfecho y decepcionado por el desempeño real de su gobierno.

Entre sus pocos éxitos está la reforma de los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado, que salvará al sistema de la quiebra. Otro, fue haber debilitado y neutralizado a la oposición de izquierda y haber podido gobernar sin confrontaciones importantes en las calles o el Congreso. Otros cambios –una reforma electoral contraproducente, una reforma fiscal menor para mejorar la recaudación y la reforma hipotética del sector petrolero—han padecido la predilección de Calderón por el minimalismo: parece importarle más la promulgación de leyes que su contenido.

En efecto, las estructuras monopólicas y la enorme concentración del poder en México permanecen intactas –como lo estuvieron bajo los únicos dos predecesores democráticos de Calderón, Ernesto Zedillo y Fox. Los monopolios públicos, como PEMEX, los monopolios privados, como Telmex y Cemex, los monopolios sindicales, como el sindicato de maestros, los monopolios de los medios, como Televisa, y el férreo control que los tres partidos del país tienen en todos los niveles de representación electoral son más fuertes que antes. Calderón se ha negado a tocar estas estructuras de poder, aun cuando todo el mundo, desde el Banco Mundial hasta el agitador de izquierda y ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, coincide en que son los principales obstáculos para el progreso de México.

Debido a este status quo perdurable, la gente no culpa a Calderón por la severa desaceleración económica; piensan que las cosas siguen su curso normal. Pero la opinión pública se vuelve cada vez más escéptica en cuanto a la prudencia de la política emblemática de Calderón: utilizar a las fuerzas armadas para lanzar una ofensiva frontal contra los narcotraficantes. En última instancia, esto es por lo que se le juzgará.

El gobierno y el ejército de México habían establecido un modus vivendi tácito, semiviolento, corrupto pero efectivo con los cárteles de la droga desde principios de los setenta. En esa época, México era productor de heroína y mariguana, y país de tránsito para la cocaína desde América del Sur. A finales de 2006, Calderón decidió que el arreglo ya no era tolerable: la violencia se había salido de control; la corrupción y la complicidad habían infectado a la policía y la élite política del país; y México se había convertido en uno de los principales productores de metanfetaminas para Estados Unidos y en un consumidor importante de cocaína. De ahí la declaración de guerra.

Pero el nuevo presidente alborotó el avispero de los narcóticos sin fumigador y sin red de protección, así que no pudo defenderse. Las avispas lo abrumaron y la violencia, la corrupción, la complicidad y la contaminación del Estado se han disparado.

Las razones por las que Calderón rechazó el antiguo acuerdo ahora parecen menos obvias que antes. No resulta claro que el uso de drogas se esté extendiendo en la población: las tasas alarmantes de crecimiento de las adicciones son engañosas porque la adicción comienza a partir de una base extremadamente baja. Calderón ha tratado de promover su “guerra contra las drogas” insistiendo en que se trata de “salvar a nuestros niños”. Si esa conexión resulta defectuosa, no funcionará, y los mexicanos podrían cuestionar la finalidad de una “guerra” en la que el número de ejecuciones entre bandas se ha más que duplicado, de 2,000 en 2006 a 5,000 en 2008, cuando sus hijos, al menos según las estadísticas, no están en peligro.

Además, la capacidad de la maquinaria de seguridad de México parece estar disminuida. La policía, en el mejor de los casos, no sirve y, en el peor, está al servicio de los capos de la droga; el ejército está menos contaminado, pero no está preparado para hacerse cargo de la labor. Cambiar esta situación tomará años y miles de millones de dólares; Calderón no tiene tiempo y sólo Estados Unidos tiene el dinero.

Pero Calderón no quiere ayuda de Estados Unidos bajo las condiciones que fija ese país. Rechaza el modelo colombiano que implicaría situar en territorio nacional a asesores, instructores, mecánicos, agentes y personal de mantenimiento estadounidense. Quizá tenga razón, pero la alternativa es que no se hagan mejoras al ejército y que se pierda la posibilidad de ganar una guerra que tal vez, para empezar, no debió haberse declarado.

Si no hubiera sido por la crisis económica, o si ésta resulta ser corta y no muy pronunciada, muchos observadores, entre los que me incluyo, estamos convencidos de que México puede seguir avanzando en medio del desorden, como lo ha hecho desde 1996. Estos últimos 13 años han sido pasables para el país: un crecimiento económico mediocre pero sin colapso; una rotación democrática del poder sin levantamientos ni masacres; una expansión lenta pero constante de la clase media; y una disminución lenta pero constante de la corrupción.

Con 15 o 20 años más de este progreso poco satisfactorio, México se convertirá en un país de clase media baja como Portugal, Grecia o Polonia. Pero los optimistas realistas ya no nos hacemos ilusiones: puede ser que una vez más nos llevemos una decepción.



Jorge G. Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México (2000-2003) tiene la cátedra Global Distinguished de Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.


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